Fuente: Portal de Comunicación de la Junta de CyL

Las nueve áreas del Gobierno autonómico podrán gestionar casi 162 millones más que durante este ejercicio, la segunda subida en dos años, como consecuencia de la mejor evolución de la economía. Las cuentas de la Comunidad se han elaborado con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,7 %, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 % y un límite de déficit público del 0,3 %. El Ejecutivo vuelve a apostar por la bajada de impuestos al profundizar en la reducción del tramo autonómico del IRPF, suprimir el gravamen sobre los hidrocarburos y mantener los 50 beneficios fiscales. La nueva Lanzadera Financiera de Castilla y León nace como el mecanismo para que los emprendedores accedan a 500 millones de préstamos ventajosos del BEI –más del doble que ahora– a través de las entidades que operan en el territorio autonómico, lo que evitará que computen como deuda pública. El montante global del proyecto presupuestario asciende a 9.843,7 millones de euros, el 0,78 % menos que en 2015.

14 de octubre de 2015
Castilla y León | Presidente de la Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado esta mañana en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción de Valladolid el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016, el primero de la IX Legislatura. Lo más relevante es que, por segunda vez consecutiva, recoge una subida de los recursos a disposición de las consejerías. Se trata de 161,9 millones de euros más que en 2015, una cantidad el 2,17 % superior, que eleva el montante para los nueve departamentos del Ejecutivo autonómico hasta los 7.628 millones, de los que el 80 % se destina a gasto social.

La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se enmarca en un escenario de consolidación de la recuperación de la economía que hace posible ese incremento. Así, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 %, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 % y un aumento de la tasa de empleo del 2 %.

Como es preceptivo, también respeta el restrictivo límite de déficit público del 0,3 %, menos de la mitad del 0,7 % permitido para 2015, o lo que es igual, el 57,1 % inferior. El documento se acomoda asimismo a la llamada regla de gasto y al límite de deuda asignado por el Gobierno de España a la Comunidad, que no hay que olvidar que es un exigente 18,6 % respecto al PIB frente a la media del 22,5 %. En resumen, el proyecto está ajustado no sólo a las previsiones económicas y de empleo, sino por supuesto a las obligaciones de control del déficit y del endeudamiento públicos, un esfuerzo en favor de la consolidación fiscal y la estabilidad financiera del país con el que Castilla y León está plenamente comprometida.

Unas cuentas realistas y centradas en los que más han sufrido la crisis

Con estos mimbres la Junta ha construido unas cuentas para 2016 que el presidente Herrera ha calificado como realistas, creíbles, responsables y por tanto contenidas, que se definen por su carácter social y son coherentes con las políticas prioritarias para el Gobierno de Castilla y León: la recuperación económica y el empleo de calidad, los grandes servicios públicos, el proyecto de Comunidad y la apuesta por el municipalismo. Por eso, se centran en la atención a los efectos de la crisis, que se reflejan especialmente en una tasa de paro que todavía es muy elevada.

Los Presupuestos suman un total de 9.843.699.243 euros, lo que supone una ligera reducción de 77,1 millones respecto a los que están en vigor, que equivale al 0,78 % menos. Esta bajada se explica por el descenso del 15 % de las operaciones financieras, que se debe a que el Gobierno autonómico se ha visto obligado a limitar el endeudamiento ligado a las ayudas reembolsables a las empresas –caen el 87,9 %– a raíz de un cambio de criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que este mismo año decidió que ese tipo de préstamos sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) computaran como deuda y así lo contabilizó con efectos retroactivos en 2014.

Precisamente el menor peso de las cargas financieras explica que el montante global de los Presupuestos para el año que viene disminuya y, al mismo tiempo, las consejerías puedan gestionar más recursos. De ahí que se pueda decir que la cifra más importante son los 8.909,9 millones de euros de techo de gasto no financiero para 2016, el 0,99 % más que este ejercicio, que añaden casi 87,1 millones de mayor capacidad de maniobra a las arcas del Ejecutivo autonómico. Este montante ha crecido respecto al aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 23 de septiembre para incluir más transferencias del Estado y fondos europeos y ajustar ligeramente al alza los ingresos propios, circunstancias todas ellas contempladas en la normativa.

En todo caso, ese límite respeta los tres requisitos que fijan tanto la Ley Orgánica de Estabilidad, como la Ley de Estabilidad Autonómica: garantizar que se cumplen los objetivos de déficit y deuda y ser acorde a la regla de gasto, es decir, situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para 2016, establecida en el 1,8 %.

Nuevo instrumento financiero desde el 1 de enero y una sola ventanilla para empresas

Es preciso destacar que el hecho de que en 2016 la Junta se haya visto obligada a renunciar a los apoyos empresariales vía Presupuestos, que este año ascienden a 235 millones, no va a implicar una merma en el respaldo a las compañías comprometidas con la Comunidad que deseen desarrollar nuevos proyectos y crear o mantener empleo. Todo lo contrario. Si bien las consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura y Ganadería no van a disponer de ninguna cantidad del BEI en su capítulo 8, porque ello supondría incrementar el déficit en la misma medida, las empresas van a poder acceder a más del doble de recursos de ese banco europeo para que puedan hacer realidad sus ideas.

Será gracias a la nueva Lanzadera Financiera de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendrá el objetivo de que ningún negocio viable se quede sin ver la luz por falta de recursos. Empezará a funcionar el 1 de enero de 2016 dentro de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), y contará con el concurso de todas las entidades financieras que operan en Castilla y León, con las que ya se está trabajando en el diseño del instrumento. En paralelo la Junta está negociando con el BEI que ponga a disposición de bancos, cajas y cooperativas de crédito 500 millones de euros para proporcionar liquidez a las empresas, cantidad que supera de largo los 235 millones previstos este año, con la ventaja añadida de que no computan a efectos del objetivo de deuda.

Como complemento de esto y con el fin de facilitar y simplificar al máximo las gestiones, la ADE se va a convertir en una ventanilla única de entrada de cualquier proyecto empresarial nuevo o ya consolidado. Para ello, se creará una división de financiación que estudiará cada caso y asesorará a la compañía o al emprendedor en cuanto a la estructura financiera óptima para su negocio, además de tutelarle durante todo el proceso y aportarle los fondos más idóneos, sea el capital riesgo, el capital semilla, las subvenciones a fondo perdido, los préstamos participativos u otros, sin descartar la concesión de avales de la Junta o Iberaval.

La bajada de impuestos dejará 350 millones en los bolsillos de los ciudadanos

Por otra parte, de cara a 2016 el Gobierno de Castilla y León vuelve a apostar por bajar los tributos a todos los ciudadanos, de modo que vean compensados parte de los sacrificios que han hecho durante la crisis. Así, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias recién aprobado por el Consejo de Gobierno –que como es tradicional acompaña al de Presupuestos– profundiza en la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Conviene recordar que en los años más duros de la recesión la Junta lo mantuvo intacto, en vez de elevarlo para obtener ingresos. Y no solo eso, sino que en 2015, dado que los indicadores económicos eran más favorables, optó por reducirlo.

En esa misma política se insiste ahora, con una nueva disminución del gravamen del tramo inferior –para los primeros 12.450 euros– del 10 % al 9,5 % que, combinada con el ensanchamiento de las bases imponibles de los dos segmentos siguientes, beneficia proporcionalmente más a los que menos tienen y a las rentas medias.

A esto se añade la intención de suprimir por completo la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2016, lo que implica que los contribuyentes dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por cada litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por litro de fuelóleo.

El esfuerzo del Ejecutivo por proporcionar la máxima liquidez posible a los habitantes de la Comunidad se refleja asimismo en el mantenimiento de los 50 beneficios fiscales que están vigentes en la actualidad, que se estima que ahorrarán casi 260,5 millones de euros a más de 181.000 castellanos y leoneses. El grueso de esa cantidad tiene que ver con el apoyo a las familias con hijos, una de las grandes prioridades de las ventajas fiscales autonómicas junto a la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el fomento de la I+D+i y la conservación del patrimonio.

En relación con esto y con el propósito de que las ventajas fiscales autonómicas lleguen al mayor número posible de personas, se ha introducido una modificación en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias que redefine el concepto de núcleo rural a los efectos de aplicar las deducciones y tipos reducidos para jóvenes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. En concreto, se deja de considerar exclusivamente el municipio como referencia, lo que permitirá que se acojan a estos beneficios fiscales los habitantes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población.

El resultado de todas estas decisiones tributarias –bajada del IRPF, eliminación del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos y mantenimiento o ampliación de las ventajas tributarias– es que ciudadanos y empresas de Castila y León podrán disfrutar de más dinero en sus carteras, por un importe conjunto superior a los 350 millones de euros.

Revisión del modelo de financiación autonómica para garantizar la igualdad de todos

El análisis de los ingresos revela una subida del 7,2 % de las entregas a cuenta que sigue sin cubrir el gasto de las tres consejerías sociales: del modelo de financiación llegarán 5.911,9 millones de euros, cuando se necesitan 6.073,4 solo para sufragar el coste de los departamentos de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. De ahí que el presidente de la Junta haya insistido en demandar la pronta revisión del sistema, para que resulte suficiente para mantener el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y garantice la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a ellos, vivan donde vivan.

Al aumento de las entregas a cuenta contribuye el crecimiento del 3,41 % de lo percibido por IVA, que alcanza los 1.844 millones de euros. La rebaja del IRPF de 2015 se refleja en una recaudación de 1.740 millones por este impuesto, el 1,96 % menos, si bien se trata de una minoración muy modesta –34,7 millones– teniendo en cuenta que dejó 150 millones de euros en manos de los contribuyentes. En este apartado hay que reseñar además la subida del 1,54 % de los Impuestos Especiales (que aportan 868,7 millones) y en particular del tramo estatal del Impuesto sobre Hidrocarburos, que crece el 0,9 % hasta los 527,1 millones. El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos añade 802 millones de euros y el Fondo de Suficiencia otros 413, lo que representa, respectivamente, el 1,6 % y el 0,9 % menos.

Los tributos tradicionales y propios, los que gestiona directamente la Junta, dejan 770,2 millones de euros en las arcas autonómicas (el 2,37 % más). Por su novedad absoluta destaca la incorporación de 25 millones del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito. En Sucesiones se prevé una subida del 2,36 %, hasta los 196,5 millones de euros, mientras que se mantiene la recaudación de 110 millones presupuestada en 2015 por Actos Jurídicos Documentados. La recuperación del mercado de la vivienda de segunda mano, al calor de la mejor evolución de la economía, determina un aumento del 17,65 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, hasta los 200 millones. Por quinto año consecutivo, se opta por cobrar el Impuesto sobre el Patrimonio, a través del que se exige una mayor contribución a los que más tienen, y que se calcula en 41,2 millones de euros (lo mismo que este ejercicio). Y la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos aporta 5 millones de euros en 2016, correspondientes a los últimos meses de este año.

El resto de los recursos no financieros adicionan 2.050,2 millones de euros, el 2,16 % menos que en 2015. Aquí figuran los 923,8 millones de la Política Agraria Común (PAC), que se mantienen invariables; 563,5 millones de transferencias del Estado, el 5,22 % más; 226,2 millones de euros de fondos de la UE, que caen el 8,5 % debido a que ya no es posible presupuestar fondos del marco de programación 2007-2013, y una partida de otros ingresos que recoge 336,6 millones, el 13,47 % menos, derivados de precios públicos, prestaciones de servicios, reintegros y operaciones patrimoniales.

Los ingresos se completan con el endeudamiento, al que sigue siendo necesario recurrir ante la imposibilidad de cubrir todas las necesidades con las fuentes de financiación ordinarias. Aun así, las operaciones financieras del Proyecto de Presupuestos caen el 28,56 % respecto a 2015, hasta los 1.111,5 millones de euros, en gran medida porque se renuncia a incluir las citadas ayudas reembolsables al sector empresarial con fondos BEI. En coherencia con el objetivo de déficit del 0,3 % la deuda nueva se limita a 225,5 millones, el 55,35 % menos que este ejercicio, y la de reposición se sitúa en 817,3 millones, el 8,04 % más. Por último, se incluyen 36,3 millones de euros de reintegros de préstamos financieros y otros 32,4 millones de créditos del Ministerio de Economía y Competitividad que serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda para apoyar proyectos emprendedores y empresas, en especial de carácter innovador y dirigidos a la internacionalización.

La partida de intereses cae el 18,6 % y la renta garantizada sube el 25,52 %
El estado de gastos viene marcado por la cifra real que constituye el techo máximo de gasto no financiero al que debe ajustarse la Junta, es decir, los 8.909,9 millones de euros. No todo estará a disposición de las consejerías, puesto que de esa cantidad hay que descontar los 923,8 millones de euros de la PAC, los 27,9 millones que reciben las Cortes para financiar a las instituciones autonómicas (el 2,1 % más) y otros 330,2 millones en intereses.

Merece la pena detenerse brevemente en esta tercera cantidad, porque cae el 18,6 % respecto a 2015 a pesar de que la deuda pública aumenta. El motivo es que se dejan de abonar 75,4 millones de euros en intereses, fundamentalmente por los ahorros derivados de la Facilidad Financiera –que tiene un tipo del 0 %–, la refinanciación del Fondo de Pago a Proveedores y las operaciones sustitutivas que se van a pagar más baratas. En definitiva, una cuantía nada desdeñable que va a poder dedicarse a otras políticas mucho más sensibles y urgentes desde el punto de vista social.

Restar las tres partidas mencionadas conlleva que las nueve consejerías de la Junta gestionarán 7.628 millones de euros en 2016, el 2,2 % más que este año, lo que supone el segundo aumento consecutivo. En términos absolutos, son 161,9 millones adicionales, de los que 132,3, casi el 82 %, irán a parar a las tres consejerías sociales. Esto hace que sus presupuestos aumenten el 2,23 % de media, frente al 1,94 % del resto.

Esta distribución del gasto responde al convencimiento de que los ciudadanos quieren y demandan que las prioridades sean la salud, la enseñanza y los servicios sociales, áreas de gobierno a las que se asignan 6.073,4 millones de euros, casi el 80 % del gasto no financiero global de las consejerías y el 87 % de los recursos autónomos no financieros.

En concreto, el presupuesto de la Consejería de Sanidad crece el 1 %, para que pueda destinar más al personal y las inversiones; el de la Consejería de Educación se eleva el 3,4 %, con el fin de mejorar esos mismos capítulos y desarrollar la implantación de la LOMCE, y la dotación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades despega el 4,43 %, para que pueda reforzar los distintos programas de la Red de Protección a las Familias, la formación y el empleo para las personas con discapacidad y los de mujer, entre otros. Mención aparte merece la Renta Garantizada de Ciudadanía, a la que se destinan 69 millones de euros en 2016, que equivalen a un sustancial incremento del 25,52 %.

Más recursos para el empleo, el sector agrario y el municipalismo

Para consolidar el crecimiento económico y de esa manera propiciar la creación de puestos de trabajo el proyecto no se limita a consignar las rebajas tributarias mencionadas, sino que aumenta el gasto no financiero de los programas destinados a emprendedores y empresas, consolida los apoyos financieros en forma de avales y eleva los recursos para las políticas activas de empleo hasta los 273,6 millones de euros, el 11,98 % más, donde se recogen los 90 millones de fondos autónomos en cumplimiento del compromiso adquirido en el seno del Diálogo Social. En la misma línea, la Consejería de Empleo crece por encima del 11,2 %, y continuará ejecutando junto a las de Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación el Programa de Empleo Juvenil cofinanciado con fondos europeos, que conlleva un gasto anual de 14,2 millones de euros.

A estos números hay que añadir 176,2 millones de euros en apoyos empresariales, de los que 100,7 serán ayudas directas (el 20 % más), 52,7 apoyos financieros y 22,8 millones para inversiones en suelo industrial que se abordarán desde la ADE. Al igual que en 2015, el respaldo a los emprendedores se expresará también en la posibilidad de que obtengan avales por un máximo de 1.150 millones de euros.

A la investigación, la innovación y la sociedad de la información se dedican 167 millones de euros, 8 menos que este año, debido a la ya comentada restricción del endeudamiento para atender ayudas financieras a las empresas. Ahora bien, en términos homogéneos se puede decir que estos programan empiezan a mostrar la recuperación iniciada en 2015, con un crecimiento del gasto no financiero en 2016 del 4,85 % que impulsará las inversiones previstas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 2014-2020, conocida como RIS3.

El sector agrario contará con 1.330,3 millones de euros procedentes tanto de la PAC como de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que aparentemente decrece el 24,82 %. La explicación es doble: por una parte, se debe a la ya reiterada imposibilidad de utilizar fondos del Banco Europeo de Inversiones para ofrecer apoyo financiero a las empresas a través del Presupuesto; por otra, a que en 2015 tuvo un aumento inusual de los créditos no financieros porque era el último año para ejecutar el FEADER del periodo 2007-2013. Si se eliminan ambos efectos, el resultado es que esta área tendrá en 2016 el 3,65 % más de recursos.

La apuesta por el municipalismo es patente por cuanto los dos instrumentos vinculados a la ordenación del territorio, el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad y el Fondo de Cooperación Económica Local General, crecen en la misma proporción que el gasto no financiero. Están dotados con 12,3 y 48,6 millones de euros, respectivamente, pero el total de la Cooperación Económica Local General es aún mayor: asciende hasta los 72,7 millones de euros, cifra a la que hay que añadir otros 165,6 millones de la Cooperación Sectorial y la financiación ligada a las transferencias y delegaciones competenciales. Se trata de cifras significativas que repercutirán en servicios de más calidad para los habitantes de los núcleos rurales y por supuesto en la lucha contra la despoblación, puesto que los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones deben destinar parte del dinero que reciben a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos. Los pueblos con una población inferior reciben la totalidad de la financiación de forma incondicionada.

Subida de sueldo del 1 % para los empleados públicos y aumento de las inversiones

La clasificación económica del gasto revela que el capítulo 1 o de personal consume 3.575 millones de euros, el 1,97 % más, cifra que en un 86,3 % corresponde a las tres consejerías sociales. Permitirá subir el 1 % las retribuciones de los empleados del sector público autonómico y abonar una parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012, además de ampliar la oferta de empleo para los colectivos vinculados a los servicios esenciales (sanitarios, docentes, personal dedicado a la lucha contra el fraude, etc.), que tienen autorizada una tasa de reposición del 100 % para 2016 frente al 50 % que será de aplicación al resto.

El capítulo 2 o de gastos corrientes recibe 1.321,8 millones, el 0,28 % más, de los que 1.240,5 (el 94,3 % del total) se emplea en el funcionamiento ordinario de hospitales, centros de salud, colegios, transporte escolar y centros de mayores, entre otros servicios sociales. Frente a esto, las seis consejerías que no realizan actividades de este tipo únicamente tendrán 75 millones para su trabajo diario.

Los gastos financieros figuran en el capítulo 3, por un importe de 330,2 millones de euros, de los que 323,4 (el 98 %) se dedican a pagar los intereses de la deuda pública, mientras que el resto va a abonar los derivados de los préstamos de apoyo a las empresas.

El capítulo 4 o de transferencias corrientes contempla 2.549,8 millones de euros, el 2,3 % más. Descontando la PAC, casi el 96 % de ese gasto será gestionado por las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades para sufragar aspectos como la factura farmacéutica, la dependencia, la Renta Garantizada, los programas de gratuidad de libros, los conciertos educativos, las universidades públicas y otras prestaciones sociales. Al igual que en 2015 el 4 % restante financiará competencias transferidas a las corporaciones locales, pagos de la autovía Valladolid-Segovia, ayudas al empleo y la vivienda y la liquidación de las subvenciones asociadas a la celebración de las elecciones autonómicas.

Las operaciones de capital (capítulos 6 y 7) crecen por tercer año consecutivo, el 2,93 %; básicamente porque las inversiones remontan el 4,58 %. Junto con las transferencias de capital suman 1.132,2 millones de euros, de los que el 83 % será gestionado por las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente. También es reseñable el esfuerzo en inversiones sociales: suben el 7,7 % y servirán para mejorar hospitales y centros educativos.

El Proyecto de Presupuestos se completa con las operaciones financieras. El capítulo 8, con 61,9 millones de euros, incluye 59,2 millones en préstamos reintegrables y otros apoyos para empresas que deseen efectuar inversiones en materia de innovación e internacionalización, así como para solucionar problemas de liquidez. Por su parte el capítulo 9 aglutina las operaciones de amortización de la deuda pública que vence en 2016, cifrada en 871,8 millones de euros de los que 817,3 tienen un efecto neutro, porque simultáneamente se amortizan y reponen.

Para finalizar y en lo que resta de la clasificación orgánica del gasto, conviene destacar que la Consejería de Cultura y Turismo crece el 3,86 %, porcentaje que encierra incrementos mayores en políticas como las de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico –que aumenta el 15,8 %– y el respaldo a la actividad deportiva, que sube el 8,9 %.

14_10_2015 Presentacion Presupuestos 2016 Junta de CyL

Vídeo sobre la presentación

Plan de Igualdad de Oportunidades