La entidad advierte de que la construcción y la industria mantienen una relación directa y reclama una apuesta decidida por la obra pública para garantizar la competitividad futura de la Comunidad
La Cámara de Contratistas de Castilla y León ha presentado el balance oficial de licitación pública correspondiente al ejercicio 2025 y las previsiones para 2026, poniendo el foco en una cuestión que considera estratégica para el futuro económico de la Comunidad: la progresiva pérdida de capacidad productiva vinculada al sector de la construcción y las infraestructuras.
Aunque los datos reflejan una caída del 7,7% en la licitación pública durante 2025, desde la entidad consideran que el verdadero debate debe ir más allá de la evolución anual de las cifras y centrarse en las consecuencias que una reducción prolongada de la actividad puede tener sobre el tejido empresarial, industrial y laboral de Castilla y León.
Durante la presentación, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, recordó que la construcción constituye uno de los principales motores económicos de la Comunidad y mantiene una estrecha relación con numerosos sectores industriales y actividades auxiliares.
“La obra pública no solo construye carreteras, hospitales o infraestructuras hidráulicas. También sostiene empleo, actividad económica, tejido empresarial e industria”, señaló.
Construcción e industria: una relación inseparable
La Cámara insistió en que la construcción no puede analizarse como una actividad aislada, ya que cada obra moviliza una extensa red de empresas y profesionales que forman parte de la cadena de valor del sector.
Fabricantes de materiales, canteras, transportistas, ingenierías, talleres, empresas de prefabricados, suministradores, instaladores o compañías de maquinaria dependen en mayor o menor medida del volumen de actividad constructora existente en la Comunidad.
Por este motivo, la entidad considera que una reducción continuada de la inversión pública termina afectando directamente a la actividad industrial y a la capacidad de generación de empleo.
“Cuando una empresa desaparece, cuando un trabajador cualificado abandona el sector o cuando una industria auxiliar deja de operar, recuperarla años después resulta mucho más complicado que haber mantenido su actividad”, explicó Pascual.
Menos actividad, menos empresas y menos trabajadores
Uno de los aspectos que más preocupa a la Cámara es la evolución de algunos indicadores estructurales del sector.
Durante la presentación se puso de manifiesto la reducción experimentada durante los últimos años tanto en el número de empresas activas como en el volumen de empleo vinculado a la construcción.
La entidad considera que esta tendencia supone una señal de alerta, especialmente en un momento en el que la sociedad demanda mayores niveles de inversión en infraestructuras, nuevas promociones residenciales y actuaciones vinculadas a la transición energética, la movilidad o el desarrollo industrial.
Según la Cámara, existe actualmente una creciente dificultad para incorporar trabajadores cualificados al sector, una situación que limita la capacidad de respuesta de las empresas ante futuros incrementos de actividad.
Las obras desiertas reflejan un desequilibrio creciente
Otro de los indicadores analizados durante la rueda de prensa fue el incremento de las obras desiertas.
Los datos presentados muestran un crecimiento sostenido de este fenómeno durante los últimos años, una situación que la Cámara interpreta como una señal de desequilibrio entre las necesidades de inversión pública y la capacidad real del sector para ejecutar determinadas actuaciones en condiciones económicamente viables.
Como ejemplo se citó el caso de la futura Ciudad de la Justicia de Valladolid, una actuación de gran relevancia que finalmente quedó desierta debido a que los precios contemplados en la licitación no permitían asumir la ejecución de la obra en condiciones adecuadas.
Para la entidad, detrás de cada obra desierta existe una infraestructura necesaria que no llega a ejecutarse, además de una pérdida de tiempo y recursos tanto para la Administración como para las empresas que participan en los procesos de licitación.
La obra pública como inversión estratégica
La Cámara de Contratistas de Castilla y León considera que la inversión pública debe entenderse como una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad de la Comunidad.
Más allá de la ejecución de infraestructuras concretas, la obra pública contribuye a mantener empresas, empleo, industria y capacidad productiva, elementos esenciales para afrontar desafíos como el acceso a la vivienda, la atracción de actividad económica o la fijación de población.
Por ello, la entidad ha reclamado una planificación estable y sostenida de las inversiones públicas que permita al sector mantener su capacidad de respuesta y seguir contribuyendo al desarrollo económico de Castilla y León.
Porque, tal y como se puso de manifiesto durante la presentación, cuando una región pierde capacidad productiva no solo pierde actividad económica: pierde parte de su capacidad para construir su propio futuro.
