Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

  • Supone una apuesta decidida por la transparencia, la
    agilidad y el control en las adjudicaciones públicas a través de
    la Administración electrónica, además de primar la calidad de
    las obras y servicios y favorecer la competencia empresarial,
    impulsando la presencia de pymes en los procesos
  •  La Ley convierte la contratación pública en una herramienta
    para incentivar a las empresas para que desarrollen una
    gestión que sea socialmente responsable en materia
    medioambiental, laboral y social
  • Prohíbe contratar con quienes no respeten las normas con
    las que el Estado busca la integración de las personas con
    discapacidad o la igualdad entre hombres y mujeres
  • Las adjudicaciones podrán primar criterios como fomentar
    la inserción sociolaboral, la igualdad, la conciliación, la mejora
    de las condiciones salariales o la estabilidad en el empleo

La nueva Ley de Contratos que entró  en vigor el 9 de marzo supone una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Al mismo tiempo, la Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas. Regular adecuadamente la contratación pública supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos.
Por eso, la nueva Ley no solo traspone directivas comunitarias en este ámbito, sino que va más allá en muchos aspectos con el objetivo de convertirla en una norma muy avanzada y garantista en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.
La nueva Ley de Contratos tiene vocación de marcar un antes y un después en este ámbito, a partir de un auténtico cambio en la filosofía tradicional de la contratación pública que ya se está imponiendo en Europa y, en consecuencia, en nuestro país.
La contratación pública ya no es sólo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación y para los ciudadanos que los reciben. Además de esta función tradicional, la contratación pública se concibe actualmente como una herramienta a través de la cual los poderes
públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser
políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de
la innovación.

Plan de Igualdad de Oportunidades