Entrevista de El Norte de Castilla y León a la presidenta de la Cámara de Contratistas

Tras siete años como voz pública de los contratistas de Castilla y León, María Isabel de Blas (Aranda de Duero, 1960) ve cómo el sector atraviesa por su momento más duro. El desplome de la inversión en infraestructuras, al que no escapa ninguna de las tres Administraciones, ha colocado a las empresas en una situación que no duda en calificar de «insostenible». Conocedora de la situación en primera persona -Blas-Gon, la sociedad de su familia vio la luz hace cinco décadas y es socia fundadora de la Cámara de Contratistas-, De Blas defiende que «las infraestructuras son un derecho que se nos está negando a los ciudadanos».

-En el primer semestre ha habido una pequeña subida, del 4%, con respecto al año pasado. Pero la realidad es que en 2010 hubo un descenso en el volumen de licitación del 63%. La conclusión es que la línea que seguimos sigue siendo igual de mala. Me gustaría añadir que una cosa es la obra licitada y otra, la contratada. En 2011 se están retrasando muchísimo las adjudicaciones. Hemos anunciado 214 millones en obra abierta, pero solo se han adjudicado 94, de modo que la actividad está en caída libre. No hay actividad en el sector y, como consecuencia de ello, las empresas están al borde del abismo

-Suele salir más volumen porque al final de año se revisan los presupuestos, pero creo que este año va a suceder lo contrario, sobre todo en el caso de la Junta y no tanto en el del Estado. Toda obra necesita un proceso, una serie de pasos que, en muchos casos, ralentizan las licitaciones. Si hay subida será gracias al tren de alta velocidad, que capta fondos europeos. Casi podríamos decir que es lo único que se va a hacer.

-Alrededor de un tercio. Pero los otros dos, la obra industrial, la edificación… están igual, o peor.

-Desde luego que estamos viviendo de las reservas, pero esto no puede seguir mucho tiempo, es imposible. Creo que es un error que no se hagan infraestructuras y España lo va a pagar muy caro. Parece que fuéramos el chivo expiatorio de las Administraciones y, al final, eso se está trasladando también a la sociedad. Nos están haciendo un daño irreparable. Se ha demonizado al sector.

-Somos el sector de la construcción y no sé si la sociedad distingue obra pública, de edificación.

-Las Administraciones parecen no entender que invertir en infraestructuras es una forma de salir de la crisis. Este error se está traduciendo en que muchas familias siguen yendo al paro y el Producto Interior Bruto no crece. Somos mucho más pobres porque las infraestructuras son necesarias y se pagan con el dinero de los ciudadanos. Todos deberíamos reclamarlo porque es un derecho. Los impuestos que pagamos deberían estar mejor administrados para que nos proporcionasen una mejor calidad de vida. Paralizar la inversión es un retraso para el pueblo, la autonomía y la nación entera.

-No es verdad. Se está intentando trasladar esa imagen y no lo entiendo. No sé por qué deberíamos avergonzarnos de tener alta velocidad y túneles. Deberíamos estar orgullosos de ello. Entiendo que hay que priorizar inversiones pero, ¿por qué no se hace con las que crean industria, dinamizan la economía y crean riqueza? Tener una infraestructura que nos facilita las cosas y nos hace vivir mejor no debería ser causa de vergüenza, sino de orgullo. Y, aparte de esto, tampoco creo que estemos al nivel que necesita nuestro país, ni de broma. De hecho, en mantenimiento de carreteras no se están haciendo las inversiones que son necesarias e, incluso, imprescindibles. Esto nos puede costar muy caro. Para conservar las vías alta capacidad que tiene España son necesarios 1.400 millones anuales. El último Consejo de Ministros ha aprobado 591 millones… para dos años. Las infraestructuras son un derecho de los ciudadanos que nos están negando las Administraciones. Que no se haga la Autovía del Duero está causando un daño irreparable para la comunidad autónoma. No podemos ni imaginarnos todos los ingresos que generaría.

-Si algo tengo que decirle a la comunidad autónoma es que no se puede consentir el retraso en las adjudicaciones que se está produciendo. Ocasiona unos perjuicios y unas consecuencias gravísimas. Licitan, pero no adjudican y, mientras, el sector se cae y se caen las familias y la economía regional. Por otro lado, los compromisos no se cumplen. Anuncian que van a licitar, pero luego no llegan a la mitad de lo anunciado. En 2010, el grado de incumplimiento fue del 65%. En febrero de este año, la Junta sacó unas directrices vinculantes por las que ella misma se comprometía a tener adjudicados o en fase de adjudicación 469 millones antes del 30 de junio. A fecha de hoy solo se han adjudicado 95. Esto es insoportable. En este sentido, el Plan Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento que cubría 2010 y 2011, tiene un grado de ejecución del 18% a fecha actual.

-Las infraestructuras también son Estado del bienestar; no son solo carreteras, también son hospitales, colegios, depuración de aguas…

-Está todo parado. Y una infraestructura no es un gasto, es una inversión que, además, revierte en el Estado vía impuestos. Debemos exigir a las Administraciones una mejor gestión. Es escandaloso ver cómo están dilapidando sus recursos en gastos superfluos mientras sus facturas permanecen impagadas y no destinan el dinero que hace falta a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

-Se debe mucho. La deuda de todas las Administraciones asciende a unos 57.000 millones, sobre todo a proveedores de infraestructuras. La deuda mayor está en los ayuntamientos. Nuestra comunidad no paga mal; paga muy bien las certificaciones ordinarias y dilata un poco el pago cuando se producen modificaciones en un proyecto. En general, el periodo medio de pago al sector está en 170 días de media… que ya está bien. Si a ello le sumamos que los márgenes no existen en las obras y que en algunas adjudicaciones se pierde, el resultado es que estamos abocados a hundirnos. No queda otra. Las bajas que se están produciendo en las licitaciones, el riesgo que estamos asumiendo, alcanza el 40% y el 50% en algunos casos. ¿Cómo puede mantenerse una empresa así?

-Las calidades están controladas por los técnicos y no tienen por qué verse perjudicadas, se hacen según vienen en el proyecto. El perjudicado es el empresario y la cadena que le sigue.

-Somos partidarios del sistema de concurso en el que no se prime la oferta económica sobre la técnica. Debe haber determinados baremos en los que se valoren otras cosas por encima de la oferta económica. 

-Espero que sepan dónde meterla. Tiene que haber alguna salida a esta situación, ¡cómo no va a haberla! Los colores políticos me dan igual, solo pido que se hagan las cosas de otra manera porque vamos a la ruina.

-En 2008, el sector tenía 33.797 empresas. En dos años se han caído 4.600. Pero muchas de las que permanecen en el registro ya no tienen actividad. Y de las 29.000 que quedan, el 37,5% están concurso de acreedores. Es un disparate, nos estamos yendo a niveles de antes del año 2000.

-De los 137.000 trabajadores de 2007 hemos pasado a 80.000.

-Es cierto que la exportación está sacando un poco del apuro a España. En nuestro caso, que hacemos infraestructuras, no podemos exportarlas. Podemos exportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia, que es muy bueno y está reconocido. Podemos internacionalizarnos, crear equipos y proyectos nuevos en el exterior, pero tenemos en contra el acceso a la financiación y el tamaño de las empresas, que en el 90% de los casos es pequeño. Desde la Cámara de Contratistas tratamos de ayudar, sobre todo en Latinoamérica. Pero hace falta un capital y unos recursos que ya nos hemos gastado. Igual tenemos que emigrar. Nuestra recomendación es crear consorcios que minimicen los gastos y que se vea como un proyecto con paciencia, no como algo inmediato. Hemos presentado un plan estratégico a la Junta para constituirnos como cluster y obtener beneficios en temas de internacionalización, innovación e investigación, pero el momento es complicado.

-Es terrible. Si el adjudicatario lo pide puede obtener una compensación económica, pero el daño que sufre va más allá. Se produce una inseguridad jurídica muy grave. Y cuando acudes a una entidad en busca de financiación, tener una obra adjudicada ya no tiene el mismo valor que antes. Esto no debemos consentirlo. La Junta no lo ha hecho y me han jurado que no lo harán jamás.

Fuente: Norte de Castilla