El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para el impulso de la contratación publica responsable en el marco de la Ley de contratos del sector público.
El Plan pretende impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de una serie de orientaciones para la redacción de los pliegos de las licitaciones públicas:
- Quién puede contratar (por ejemplo, serán excluidas las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por 100 para personas con discapacidad).
- La obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral (de esta manera se lucha contra el «dumping social» en los contratos públicos).
- Que se tomen en cuenta consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación.
- La obligación del contratista y de sus subcontratistas de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato; pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la resolución del contrato.
Se creará un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. La finalidad de este grupo es el que aborde los trabajos preparatorios necesarios para desarrollar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable contenidas en la Ley de Contratos.
El Plan impulsa la formación de los gestores que desde el sector público estatal deberán seguir las orientaciones que contiene el Plan, dada la novedad que supone la contratación pública estratégica socialmente responsable.
Fuente: La Moncloa
- Plan para el impulso de contratación pública socialmente responsable
- Ley 9/2017 para contratos del Sector Público.
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