Fuente: Asefma

La Federación Europea de la Carretera (ERF, por sus siglas en inglés) hace público su documento de posición “La promoción de carreteras sostenibles mediante la contratación pública”. En él destaca la capacidad de las administraciones para adquirir soluciones innovadoras y la necesidad de reformular los criterios de adjudicación.

“Las autoridades públicas podrían ser el principal motor de la innovación y la sostenibilidad si proporcionasen incentivos a la industria mediante la formulación de criterios de adjudicación apropiados”, ha afirmado recientemente la ERF en un documento de posición. En él ha aportado otros datos reveladores como que las administraciones públicas gastan 2 billones de euros anuales en contratos públicos (14% del PIB de la UE) o que los Estados miembros de la UE y la AELC dedican aproximadamente 80.000 millones de euros anuales a carreteras.

En un contexto de gasto público limitado, es esencial que cada euro gastado en infraestructura viaria produzca el máximo rendimiento socioeconómico. En este sentido, la ERF ha explicado que este objetivo requiere que las autoridades sean capaces de adquirir soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento a largo plazo y, al mismo tiempo, que proporcionen a los actores de la industria los incentivos necesarios para innovar.

Sin embargo, “los actuales procesos de licitación pública obstaculizan la adopción de nuevos productos y técnicas innovadoras, sostenibles y duraderas” ha resaltado la ERF. “A pesar de las mejoras de los últimos años, la gran mayoría de los concursos públicos de servicios relacionados con la carretera priorizan el criterio económico y establecen un marco inadecuado para la evaluación holística de soluciones basadas en su sostenibilidad medioambiental y su durabilidad”.

En este sentido, el nuevo paquete legislativo de la UE para la contratación pública en vigor desde abril de 2016 debería representar un paso hacia delante. Con el fin de apoyar la adopción de soluciones más sostenibles e innovadoras, la ERF pretende ofrecer a las autoridades de carreteras un marco que rechace el dominio del «criterio económico y producto normalizado» y fomente la evaluación de ofertas con un enfoque de rentabilidad basado en el cálculo de costes a lo largo del ciclo de vida.

En este sentido, la ERF aplaude dejar atrás la antigua directiva 2004/18/EC que prioriza el precio mínimo en las adjudicaciones y trabajar por alcanzar objetivos beneficiosos para las generaciones futuras, como carreteras con un largo ciclo de vida de manera, capaces de reducir las emisiones de C02 y la contaminación acústica.

La directiva 2004/18/EC representaba un escollo para lograr que la mentalidad verde imperase en la licitación de obra pública en carretera. Por ello, la ERF aboga por dotar a la carretera de un marco más moderno, actualizado y adaptado a la realidad: la directiva 2014/24/EC, uno de cuyos objetivos principales pasa por acabar con la dictadura del precio mínimo.

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