Estas nuevas agencias nacen con el objetivo de potenciar el mercado de trabajo con una mejor coordinación entre los agentes públicos y privados.

El pasado día 31 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ha modificado la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, procediendo a regular las agencias privadas de colocación, incluyendo las que tienen ánimo de lucro, cuya actividad no permitía la normativa anterior. Por lo tanto, mediante este Real Decreto se ha procedido al desarrollo reglamentario de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, regulando el régimen de autorización y la actividad de las agencias de colocación que realicen actividades de intermediación laboral.

Mediante esta regulación se pretende mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo a través de una mejor coordinación entre agentes públicos y privados de intermediación, fomentando, así, mayores oportunidades de acceso a un puesto de trabajo de las personas desempleadas. Para lograrlo, se pretende dotar a los agentes que intervienen en los procesos de intermediación de mejores medios para desarrollar su labor.

El Real Decreto justifica la regulación legislativa de esta actividad al considerar que la intermediación en el mercado de trabajo es un servicio de carácter público, aunque pueda realizarse con medios privados.

Asimismo, el Real Decreto procede a dar una definición de las agencias de colocación como aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y. en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

Actividad y obligaciones

El Real Decreto recoge la obligatoriedad de que las agencias de colocación obtengan una autorización de los servicios públicos de empleo para poder realizar su actividad. Dicha autorización la concederá el Servicio Público de Empleo Estatal cuando las agencias pretendan establecer centros desde los que desarrollar su actividad en más de una Comunidad Autónoma, o del servicio equivalente en la Comunidad Autónoma cuando pretendan establecer centros únicamente en el territorio de esa comunidad. En todo caso se establece que la autorización será única y tendrá validez para gestionar ofertas de trabajo y solicitudes de empleo de todo el territorio español.

Asimismo, la información sobre las agencias autorizadas quedará integrada en el espaciotelemático común, a fin de que pueda ser conocida tanto por los servicios públicos de empleo como por la ciudadanía en general.

En lo que respecta a las obligaciones, el Real Decreto establece que todas las obligaciones deben cumplir con carácter general la exigencia de que en la actuación de estas agencias se garantice la gratuidad a las personas trabajadoras por la prestación de servicios, los principios de igualdad, no discriminación en el acceso al empleo y el respeto a la intimidad y dignidad a las personas trabajadoras en el tratamiento de sus datos.

Asimismo, se recoge la obligación de elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de personas trabajadoras desempleadas integrantes de colectivos prioritarios. En todo caso las agencias de colocación estarán sujetas a las actuaciones de control e inspección que realicen los servicios públicos de empleo y otros órganos de control.

Por último, las agencias deben disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, de tal manera que se suministre información periódica sobre ofertas y demandas de empleo y el resto de actividades que desarrollen.

Finalmente deberán presentar una memoria anual de actividades realizadas conteniéndose en la misma la información sobre los indicadores de eficacia.

Por último, las agencias deben disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, de tal manera que se suministre información periódica sobre ofertas y demandas de empleo y el resto de actividades que desarrollen.

Finalmente deberán presentar una memoria anual de actividades realizadas conteniéndose en la misma la información sobre los indicadores de eficacia.

Por último, las agencias deben disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, de tal manera que se suministre información periódica sobre ofertas y demandas de empleo y el resto de actividades que desarrollen.

Finalmente deberán presentar una memoria anual de actividades realizadas conteniéndose en la misma la información sobre los indicadores de eficacia.  Por último, las agencias deben de disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo para que se suministren las ofertas y las demandas de empleo así como el resto de actividades que se lleven a cabo.
 Para consultar
el Real Decreto completo en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20151.pdf.

 
 

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